El Senado aprobó ayer definitivamente la ley que el Partido Democrático, el principal de la oposición, consideró “un daño para el país”, mientras que el primer ministro Silvio Berlusconi dijo que las nuevas normas servirán para “aumentar la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos”.

La crisis económica, que se sigue agravando, aumenta más la hostilidad hacia los inmigrantes ilegales. La Cámara de Diputados había aprobado el proyecto de ley en mayo. Se estima que en Italia hay unos 600.000 inmigrantes ilegales.

De ahora en adelante, el extranjero que entra o permanece en forma ilegal en Italia comete el delito de inmigración clandestina y puede ser castigado con la expulsión inmediata y multa de hasta 10.000 euros. Los expertos prevén que las expulsiones podrían pasar al doble de las 28.000 aprobadas el año pasado.

Un funcionario público está obligado a denunciar a cualquier ilegal que intente hacer gestiones. Las protestas, incluso en la Unión Europea y ante los organismos de derechos humanos, forzaron al gobierno Berlusconi a retirar del proyecto la obligación para médicos de los hospitales y directivos de las escuelas de denunciar a los pacientes o alumnos indocumentados.

Los inmigrantes sin papeles no podrán acceder más a los servicios públicos. Los hijos de inmigrantes no podrán ser inscritos en las escuelas si sus padres no presentan sus permisos de residencia. Este permiso será obligatorio para registrar a los recién nacidos.

El permiso de residencia y la adquisición de la ciudadanía italiana, para la que hacen falta diez años de residencia legal, deberán ser pagadas: costarán entre 80 y 200 euros cada una.

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