El Gobierno quiere dejar atado y bien atado el cierre de Garoña para la próxima legislatura. Ante el anuncio de Mariano Rajoy de que prorrogará la vida a la planta si gana en 2012 y las críticas de los partidos de izquierda por posponer la decisión hasta la próxima legislatura, el Gobierno planea ahora incluir en la Ley de Economía Sostenible alguna fórmula para dejar claro que el cierre es irreversible, según confirman fuentes de La Moncloa. Así, reafirmaría la orden ministerial de clausura en 2013 que ayer envió al Boletín Oficial del Estado.

En realidad, eso no impediría que Rajoy lo cambiara si llega a gobernar -Zapatero derogó en 15 días con un decreto ley el trasvase del Ebro de Aznar- pero al menos sí lo dificultaría. Una orden ministerial se cambia de un día para otro y una ley hay que llevarla al Parlamento.

El Gobierno transmitió ayer al diputado de ICV, Joan Herrera, la posibilidad de elevar a rango de ley el cierre en 2013. Herrera ha sido el principal impulsor del cierre nuclear y, cuando parecía que iba a obtener su premio, en el último momento Zapatero eligió la prórroga hasta 2013 en vez de la de 2011. Industria trabajaba con la hipótesis de cierre en 2011 hasta hace 15 días. Herrera explica que su partido está dispuesto a estudiar esa opción pero insiste: “Una ley se cambia con otra ley. Si querían cerrarla debían haberlo hecho esta legislatura”.

La Moncloa justifica que la Ley de Energía Nuclear es de 1964 y que la norma para la economía sostenible es una buena oportunidad para actualizarla en algunos puntos y dejar claro que quiere cerrar la nuclear, aunque sea después de los 40 años a los que se comprometió.

Fuentes de Industria se mostraron sorprendidas con este plan. Consideran que bastante mal lo han pasado estas semanas y bastante complicado ha sido explicar la prórroga como para reabrir el debate. Insisten además en el riesgo que conlleva meter la cuestión en el Parlamento, donde el PSOE sufre ya la falta de apoyos. En ese texto, lo que apoyen IU-ICV, ERC, PNV o BNG contra Garoña, jamás lo respaldarán ni CiU ni el PP.

Pese a estudiar endurecer el cierre, tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega insistió en que sólo con la orden ministerial suponía ya el “cese irreversible” de la central.

Desde el título, la norma ya menciona el “cese definitivo de la explotación de la central nuclear el 6 de julio de 2013″ y es mucho más dura que la orden que en 2002 aprobó el Gobierno del PP para cerrar Zorita en 2006. La diferencia es que entonces había consenso entre PP y PSOE y nadie planteó que los socialistas la cambiarían si llegaban al poder.

La orden, de 12 folios, obliga a tener listo antes de 2012 “un programa preliminar de las actuaciones que se deberán llevar a cabo” para “el desmantelamiento de la planta”. Y avisa a la central de que “no podrá realizar modificaciones y propuestas de actuación que impidan o dificulten el cese definitivo de la explotación en la fecha establecida”. En otro punto, Industria precisa que la central -propiedad al 50% de Endesa e Iberdrola- planificará sus recargas “teniendo en cuenta la fecha de cese definitivo”.

Según las fuentes consultadas, técnicamente nada impide en 2012 estirar la vida de la planta. Y sin embargo, es dudoso que otro presidente cambie esa fecha. En 1999, el entonces ministro de Industria, Josep Piqué, ya dudó enormemente para darle 10 años más a Garoña por si luego tenía un incidente. Quien reabra esa central se expone a un linchamiento si luego ocurre algo.

Las eléctricas están indignadas con la clausura y la llevarán a los tribunales. Según un informe de Citigroup, el cierre en 2013 tendrá un impacto negativo sobre su beneficio bruto de explotación de 43 millones de euros al año entre 2014 y 2019. Industria recuerda que “los principales componentes y estructuras de la central fueron diseñados bajo la hipótesis de vida de la misma de 40 años”. Y la Abogacía del Estado confía en no tener que indemnizar ya que la vida de 40 años estaba “en la documentación que la compañía Nuclenor presentó cuando solicitó y obtuvo la autorización para su construcción”, en los años 60.

Industria justifica el cierre en que en España hay “un exceso de capacidad instalada que ha permitido exportar” electricidad y que Garoña produce sólo un 1,3% de la electricidad, por lo que clausurarla no supone riesgo de apagón. Pero acto seguido afirma que la nuclear representa un tapón para las renovables: “El exceso de la oferta aludido anteriormente genera unas condiciones más restrictivas para el acceso preferente de las energías renovables previsto en la ley”.

Industria se escuda en que una directiva europea ordena tener en 2020 un 20% de energía renovable y que mantener la central dificultaría ese objetivo. Bruselas nunca entra en la cesta energética de cada país y si ese objetivo obliga a España (20% de electricidad nuclear) a cerrar plantas, supondría que Francia (83% de nuclear) debería abandonar su enorme parque nuclear. El argumento es endeble. Si la contribución de Garoña es irrelevante, ¿cómo puede bloquear la eólica? Y si Industria quiere hacer hueco en la red, ¿por qué no cierra Almaraz, que produce cuatro veces más electricidad?

El Pais