Así lo han manifestado en la presentación de un estudio en el que analizan la regulación del aborto en la Unión Europea, según el cual la nueva ley convertiría a España “en el país europeo que menos protege la vida prenatal”.

Según el profesor de Derecho Constitucional y miembro del comité de expertos que ha realizado este estudio, Carlos Vidal, las conclusiones del informe “desmienten la tesis de que este proyecto nos acerca a los países de nuestro entorno”.

Vidal ha subrayado que sólo Suecia y los Países Bajos establecen un plazo superior en la despenalización total del aborto a las 14 semanas de este anteproyecto (con 18 y 24 semanas, respectivamente), y que, pasado este plazo, aunque todas las legislaciones lo permiten en caso de riesgo para la madre, lo hacen “rodeando este supuesto de mayores garantías”.

El estudio critica que las medidas de asesoramiento previo consistan en la entrega a la mujer de un “sobre cerrado” con la información sobre sus derechos y alternativas, y no en una entrevista personal a la que siga un período de reflexión.

“En todos los países ese asesoramiento se hace con la idea de disuadir a la mujer y buscar alternativas”, ha afirmado Vidal, quien ha sugerido que con este sistema “se niega a la mujer información importante” sobre las consecuencias del aborto y no se prevé un seguimiento sanitario y psicológico posterior.

Por su parte, Gador Joya, portavoz de Derecho a Vivir, ha insistido en que esta ley “convierte un delito en un derecho”, ya que “permite a la madre disponer de la vida de su hijo sin motivo” y “es discriminatoria con los discapacitados”.

Joya ha presentado la segunda parte del estudio, en la que se analiza lo que han denominado “índice de agresividad de la ley”, una cifra que valora “el grado de agresión contra el niño no nacido, contra la madre y contra la sociedad, contrarrestándolos con distintos aspectos de la ley”.

Según ha explicado, la propuesta del anteproyecto que está siendo estudiado actualmente aumenta este grado de agresividad respecto a la ley vigente, pasando de 13,5 a 20 puntos de agresividad sobre un total posible de 23.

Según sus argumentos, ese aumento se debe a aspectos como que no ofrece a la madre una información objetiva sobre el estado de salud de su hijo, castiga la objeción de conciencia de los médicos y les obliga a formarse en prácticas abortivas, permite abortar a una menor sin el consentimiento de sus padres o no tiene en cuenta necesariamente la opinión del padre.

Joya, que ha afirmado que “no es verdad que la posibilidad de abortar beneficie a la mujer y la haga más libre”, ha criticado también el hecho de que esta nueva ley “supondría un gasto añadido para la sanidad española” y que “nos obligaría a pagar el aborto a todos con nuestros impuestos”.

Desde esta postura, estas dos asociaciones, junto con otras 40, han convocado para el próximo día 17 de octubre una manifestación que tendrá lugar en Madrid y que pretenden que sea “la más numerosa de la historia de la democracia”.

Así lo ha afirmado Ignacio Arsuaga, presidente de la plataforma ciudadana HazteOir.org, que ha concluido que con esta iniciativa pretenden convencer al Gobierno de retirar este anteproyecto de ley mostrando que la sociedad está “mayoritariamente en contra” de una reforma que “va a traer más muertos y deja a la mujer más sola que nunca”.

EFE